Autoras/es: Eric Calcagno
Los numerosos embates que ha sufrido nuestro sistema de seguridad social por parte de los medios dominantes estas últimas semanas tienen varios objetivos. El primero es propiciar la quiebra de la Administración Nacional de Seguridad Social, para así desequilibrar el Presupuesto Nacional y desfinanciar el Estado. Poco tienen que ver los argumentos sobre haberes jubilatorios cuando en realidad se busca el fracaso del proyecto que el pueblo definió en las urnas. El segundo es la deslegitimación de la política de seguridad social. A través de mentiras flagrantes, buscan instalar la idea de que la seguridad social financia acciones que escapan a su área de competencia.
Un sistema de seguridad social justo y sustentable es uno de los ejes del modelo de desarrollo con inclusión social que se aplica desde 2003. En ese momento, la seguridad social sólo incorporaba al 65% de los posibles jubilados; la cobertura actual es del 95%. Ahora hay 8,6 millones de trabajadores activos que aportan a la ANSeS; a la vez, 5,7 millones de personas están jubiladas y, de ellas, 2,4 millones fueron incorporadas por las moratorias previsionales (de las cuales, las tres cuartas partes eran mujeres). En 2003 el monto de las jubilaciones era ínfimo; ahora se reajusta dos veces por año, de acuerdo con el nivel de los salarios y la recaudación fiscal.
Este cambio cuantitativo de la seguridad social es la consecuencia –y una de las causas– de un salto cualitativo en la sociedad argentina: se está reconstruyendo el Estado de bienestar. Uno de sus logros es el mejoramiento de la situación presente y futuro de la población, en este caso de los adultos mayores.
Este cambio cuantitativo de la seguridad social es la consecuencia –y una de las causas– de un salto cualitativo en la sociedad argentina: se está reconstruyendo el Estado de bienestar. Uno de sus logros es el mejoramiento de la situación presente y futuro de la población, en este caso de los adultos mayores.
Los grandes rasgos del sistema previsional. El anterior sistema de jubilaciones por capitalización formaba parte del negocio financiero y generaba una enorme rentabilidad para las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP); ésa era la finalidad, por lo cual no importaba que no sirviera para pagar las jubilaciones a mediano y largo plazo (en lo inmediato las seguía pagando el Estado).
El Sistema Argentino de Seguridad Social (SIPA) no sólo significa un cambio de paradigma en materia de jubilaciones (la vuelta al régimen de reparto), sino una diferente orientación política, económica y social. Sus fundamentos fueron explicados por el director ejecutivo de ANSeS, Diego Bossio, en la sesión de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social del 15 de mayo de 2012.
Su primera característica es la de ser un sistema de reparto asistido. Esto significa que en la actualidad, de cada 100 pesos que recibe la seguridad social, 58 pesos provienen de aportes y contribuciones y 42 pesos de impuestos (entre otros, IVA y Ganancias). Así lo estipula la Ley Previsional votada por el Congreso Nacional: que los impuestos “asistan” al sistema.
Queda claro entonces que los aportes jubilatorios no son una “caja” para el Gobierno, sino que deben ser completados por un importante aporte presupuestario. Esto se debe a que para cubrir los pagos no alcanza la relación activo-pasivo (tasa de sostenibilidad), que sólo es de 1,5; para mejorarla, deberían incorporarse la mayoría de los actuales trabajadores “en negro”.
Su segundo rasgo distintivo es su perfil solidario: los aportantes de hoy sostienen a los que fueron trabajadores ayer. Esto implica que los 5,7 millones de jubilados existentes, cubren una parte de su jubilación con los aportes y las contribuciones sobre las remuneraciones de 8,6 millones de trabajadores actuales.
El tercer atributo es el carácter redistributivo del SIPA. Aquí existen dos criterios. El primero es el “individualista”, que dispone que todos –incluyendo a quienes tuvieron ingresos altos– se acerquen lo más posible a sus haberes anteriores.
La posición alternativa procura que dentro del conjunto de la sociedad, todos tengan el mayor porcentaje de necesidades básicas cubiertas. Se considera asimismo que las personas que perciben altos ingresos, en general tienen durante su vida activa una capacidad de ahorro que les permite en el futuro financiar ciertos gastos; los grupos de menos ingresos carecen de ella.
Las sentencias judiciales sobre haberes jubilatorios adoptan el criterio individualista. Por el contrario, la ley del SIPA y la política de la ANSeS dan prioridad a la inclusión y la equidad: la jubilación mínima se aumenta más que el resto y se acortan las diferencias entre el vértice y la base de la pirámide previsional. Así, la tasa de sustitución de quienes en la vida activa cobraban el salario mínimo, es de cerca del 80%; mientras que para los que recibían más de ocho salarios mínimos, es del 50%. Además se refirma el carácter redistributivo del SIPA con la incorporación masiva de jubilados por la moratoria previsional y con la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Sin embargo, todavía quedan algunos resabios del régimen de capitalización, que se manifiestan en el grado de litigiosidad y la subsistencia de jubilaciones de privilegio, como las del Poder Judicial (con jubilaciones medias diez veces superiores a las del resto del sistema) y las del servicio exterior (doce veces más altas).
El cuarto pilar de nuestro sistema previsional es la sustentabilidad, que ahora y en el mediano plazo está garantizada, tanto por el superávit de caja de la ANSeS, del orden del 5% anual, como por el manejo racional del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El FGS tiene por finalidad cubrir los eventuales déficits del sistema previsional; se compone de los excedentes financieros de la ANSeS y de las cuotas partes de los fondos que estaban bajo la administración de las AFJP. Sus objetivos son contribuir al desarrollo sustentable de la economía nacional, preservar los recursos destinados a la seguridad social y atenuar el eventual efecto negativo de crisis económicas.
El quinto pilar es la administración estatal del sistema previsional, de acuerdo a la ley 26.425, que a iniciativa del Poder Ejecutivo fue votada por el Congreso de la Nación. Dejamos atrás el inequitativo sistema mixto de capitalización y de reparto que regía desde 1994.
En síntesis, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) gravita en la vida de casi seis millones de jubilados y sus familias, e influye en la distribución social del ingreso y en el financiamiento de la inversión. Por eso no debe considerárselo como una iniciativa aislada, sino como parte integrante del Proyecto Nacional.
La cuestión del poder. Quienes critican sistemáticamente al Gobierno carecen de argumentos contra el SIPA. Entonces preguntan ¿por qué no se hizo antes? La respuesta obvia es que los sistemas jubilatorios reflejan las relaciones de fuerza existentes en una sociedad. En el caso argentino, el régimen de capitalización constituyó un puntal neoliberal: fue uno de los garfios del sector financiero nacional e internacional, clavado en el poder económico.
Para que el SIPA fuera posible, debió generarse una nueva relación de fuerzas políticas y económicas, que se construyó a partir de 2003: se recuperó la soberanía económica y financiera con el desligamiento del Fondo Monetario Internacional, se consolidó una democracia con plena vigencia de las instituciones, y totales libertades civiles y políticas. En lo económico, estaba bajo control el tema de la deuda externa, el PIB crecía al 9% anual y la desocupación disminuía de modo drástico.
En este contexto, el sector financiero había perdido la hegemonía política y económica que adquirió, en particular en el decenio de 1990. Desapareció el tenebroso encanto de las privatizaciones. Y, sobre todo, existía un gobierno resuelto a aplicar un modelo político de desarrollo con inclusión social.
En síntesis, la construcción del Sistema Integrado Previsional Argentino tiene el enorme mérito de haber incluido a la casi totalidad de la población en condiciones de acceder al Sistema, y de pagar las jubilaciones con dos aumentos anuales establecidos por ley de la Nación; constituye así un baluarte de la inclusión social. Además salvó a nuestro sistema financiero de la avidez y el vaciamiento de los especuladores. Con el régimen de capitalización, hubieran manejado la mayor caja del país; y desde su posición hegemónica, el sector financiero nacional e internacional hubiera intentado manotear el poder político, como lo hicieron varias veces en nuestra historia. Nada menos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario