Salarios en cuotas y ganancias en pala

Autoras/es: Guillermo Andrés y Jonhy Bravo

La polémica que despertó el debate en torno a la reforma constitucional, el manejo del subte y la coparticipación con las provincias dejó en evidencia el inicio de un año electoral en el que las fuerzas políticas dominantes intentan presentar sus proyectos como antagónicos. Sin embargo, la puja distributiva abierta con las paritarias una vez más puso las cosas en su lugar y, sin discriminar, unió a oficialismo y oposición bajo una misma bandera: descargar el ajuste sobre los trabajadores.

(Fecha original del artículo: Marzo 2013)

Al final de cuentas las amenazas que lanzó la UIA a mediados de enero surtieron su efecto después de todo. Los empresarios industriales se quejaron de que los reclamos salariales, en ese entonces en torno al 25% (ahora ya llegan al 30%), desatarían un “Rodrigazo”, lo que equivale a decir una corrida de precios, que en el 75´ no fue sino el golpe económico contra los salarios por parte del último gobierno peronista, previo al golpe cívico militar contra los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores.

En las filas del Gobierno criticaron a los industriales por semejantes declaraciones pero lo cierto es que las autoridades salieron con los tapones de punta a marcar la cancha, con un techo salarial del 20%, un insuficiente aumento del 20% del Mínimo No Imponible en Ganancias (ver recuadro), y el lanzamiento rimbombante de un laxo acuerdo de precios para contener la inflación (ver recuadro).

Se trata de una suerte de mini “pacto social” impuesto por la Casa Rosada en el que el Ministerio de Trabajo, cual gendarme de las ganancias y capitalista colectivo, no dudó en recurrir a la conciliación obligatoria, amenazó con aplicar sanciones económicas a los gremios que tomaron medidas de fuerza y presionó incluso a aquellos empresarios que preferían ceder al reclamo salarial con tal de ahorrarse conflictos (y mayores costos) a futuro.

Es que, sólo teniendo en cuenta los aumentos de alimentos, impuestos y tarifas (ABL, colectivo, subte, luz, agua y gas) del año pasado, los primeros sindicatos en renegociar paritarias lógicamente traspasaron con sus pedidos los umbrales de lo “racional”.

Primeras negociaciones

En un escenario conflictivo, los aceiteros, bancarios y docentes (ver recuadro) se han convertido en los conejillos de india del Estado en su intento por limitar las aspiraciones salariales.

En el caso de los aceiteros, la pelea llevada adelante por la federación que los agrupa a nivel nacional concluyó en una victoria parcial con una suba a partir de enero de entre el 22 y 25% según la categoría, que lleva el salario mínimo a $7.500, y una suma fija de $5.800 por única vez, tras una huelga general que paralizó las principales terminales exportadoras de granos.

Con este resultado, los trabajadores del sector superaron la pauta oficial, en el marco de la ofensiva del gobierno de recortar salarios poniendo un techo por debajo de la inflación. Los aceiteros de San Lorenzo, en cambio, acataron las “presiones” y cerraron un aumento del 19,5%. No obstante, la federación nacional podría haber obtenido más teniendo en cuenta que Cargill, Dreyfus, Bunge, Nidera, Molinos Río de la Plata, Toepffer, Noble, Aceitera General Deheza, Vicentín y ACA tuvieron una facturación total en 2011 de 139.091 millones de pesos, alrededor de 23 mil millones de dólares, cuando el costo laboral estimado apenas representa el 1,94% de sus utilidades.

El gremio de los bancarios tampoco se quedó atrás. Después de un mes de tire y afloje que incluyó un paro nacional, conciliación obligatoria y un fuerte discurso de la Presidenta contra los trabajadores, La Bancaria obtuvo una suba del 25% -sobre un piso salarial de $7.200-, a cambio de disfrazar y dividir el anticipo de $1.700 en dos sumas, una de ellas en negro y por única vez.

De este modo, los bancarios lograron hacerse de una recomposición provisoria durante el verano a cuenta de lo que negocien en marzo o abril. Sin embargo, lo conseguido en realidad viene a compensar lo perdido en 2012 cuando el sindicato de Sergio Pallazo, alineado con Moyano y el Gobierno K, cerró un 23%, por debajo de la inflación. Queda ahora por ver en cuanto cierra la paritaria anual y si el sindicato mantiene la promesa que hizo en enero de no superar el 23% en todo el año, algo bastante alejado del 35% que reclaman los sectores de la oposición.

A modo de balance, las primeras dos negociaciones del año representan un “empate” porque conforman a los sindicatos burocratizados, a las empresas, al Gobierno y, en parte, a los trabajadores del gremio. Por una parte los gremios no se pasan de la raya, y por otra, tampoco muestran una obediencia total ni se van con las manos vacías. Es en este juego a dos puntas quizás donde radica la fortaleza de estos sectores de la burocracia sindical.

Con todos estos límites, el enfrentamiento en las huelgas marca un rumbo por el cual caminar y demuestra que si los trabajadores no se subordinan a los designios del Estado y las necesidades de las patronales, pueden conseguir más.

En un mercado de trabajo hiperfragmentado y en el que los convenios colectivos apenas alcanza a un tercio del total, las luchas reivindicativas sirven para que los sectores más débiles y rezagados se animen a ir por más. Y que, en lugar de escucharse el comentario reaccionario “estos ganan un montón y se vienen a quejar”, la clase trabajadora concluya: “si no hacemos algo, nos van a seguir tocando el bolsillo”.

Ante la posibilidad de que se abriera esta caja de pandora, el Gobierno logró en las últimas semanas encausar las negociaciones con acuerdos más moderados de la mano de dos gremios aliados, alineados con la CGT de Caló.

Sin necesidad de hacer paro como había amagado en un principio, el “gordo” Oscar Lescano, titular de Luz y Fuerza, cerró un aumento del 30% en tres cuotas y por 18 meses. Lo que a simple vista parecía un batacazo, en realidad representa una suba que mantiene el techo del 20% para el 2013 y extiende el plazo del convenio, sin posibilidad de renovarlo hasta mediados del 2014, en momentos que varios gremios plantean negociar en forma semestral. Probablemente por ello, el ministro de Trabajo Carlos Tomada consideró que el acuerdo era "un buen paso” y destacó que otras actividades "están planteando este tipo de acuerdos".

La otra ayuda vino del sindicato metalmécanico Smata que negoció con las terminales automotrices un incremento del 8% para el primer trimestre. Aunque fue interpretado por algunos medios como un acuerdo rupturista, la realidad es que la dinámica de negociación garantizó en los últimos años aumentos anuales del orden del 24%. Eso sin contar las suspensiones y despidos hormiga que el gremio dejó pasar ahora en Volkswagen, Mercedez Benz, Fiat Iveco y Lear para que ajusten la producción y de paso se deshagan de los delegados combativos de la oposición.

Docentes, entre la espada del Gobierno y la pared de los sindicatos Desde el Gobierno de Cristina, pasando por Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, José De la Sota en Córdoba, Daniel Peralta en Santa Cruz y Mauricio Macri en la Ciudad, todos salieron a enfrentar los reclamos de los gremios docentes con un techo salarial que, dependiendo el distrito, oscila entre el 20 y el 25% dividido en tres tramos, y que en términos anualizados significa una suba de entre el 16 y el 20%, por debajo de la inflación prevista en la mayoría de los casos. La primera piedra la puso el ministerio de Educación nacional al cerrar por decreto en febrero, y por segunda vez consecutiva, la paritaria nacional de casi 1 millón de docentes, fijando un incremento del 22,5% en tres cuotas que recién llega al 19% en noviembre, es decir, a los $3.400. La maniobra previsible, salvo para los gremios adictos como CTERA, obligó a los cinco sindicatos de la actividad a lanzar primero un paro nacional. La conducción de CTERA, la organización más grande con 300.000 afiliados y enrolada en la CTA oficialista del maestro Hugo Yasky, recién después de un tardío congreso resolvió adherir a la medida, presionado por las bases. Así, con un alto acatamiento, la huelga de fines de febrero fue la segunda más importante desde el 2012, cuando CTERA tuvo que parar por primera vez en una década, tras el cierre intempestivo de la paritaria por el Gobierno. Ahora la conflictividad se desplazó hacia las provincias donde todavía las autoridades no llegaron a un acuerdo en más de la mitad, incluida Buenos Aires, que es la que aglutina a la mayor cantidad de maestros y representa la mayor parte del presupuesto educativo. En este caso, la burocracia de SUTEBA liderada por Roberto Baradel, integrante de la CTERA, tuvo que decretar medidas –eso sí, espaciadas para poder “negociar”- y lanzar amenazas, ante la situación crítica que viven los docentes bonaerenses. El año pasado les descontaron los días de huelga y este año el Gobierno de Scioli advirtió que hará lo mismo. Su salario no llega a los 3.000 pesos. La caja provincial afronta una situación complicada, que ha llevado al distrito a endeudarse vendiendo bonos, subir los impuestos inmobiliarios a los empresarios rurales y countries, y congelar el gasto en salud, educación y administración. La CGT de Antonio Caló (de la cual forman parte los otros cuatro gremios UDA, AMET, SADOP y CEA) y sobre todo la CTERA y la CTA de Yasky se han visto en la obligación de enfrentar al Gobierno, luego de que el año pasado terminaran aceptando el lastimoso aumento por decreto del 19%, uno de los más bajos negociados en 2012 y claramente por debajo de la inflación. El problema este año es que ambas centrales, al romper con Pablo Micheli y Hugo Moyano y mantener sus lazos con el oficialismo, deben rendir más que nunca sus servicios acatando la miserable pauta salarial, en momentos que las seccionales opositoras de Suteba, Amsafe, ATEN y ADOSAC, entre otras, reclaman que se intensifiquen las medidas de fuerza. A cambio de este “sacrificio”, la CGT y la CTA oficialistas aspiran a ser reconocidos como las organizaciones legítimas y tener acceso a los despachos oficiales, mayores reintegros de fondos de las obras sociales que se apropió el Estado, y favores del Ministerio de Trabajo, por ejemplo en las peleas de encuadramiento o los jugosos planes de capacitación sindical.

Disciplinamiento sindical

El discurso neoliberal de que los salarios generan inflación comenzó a notarse con fuerza a partir del 2007 cuando el empleo empezó a crecer menos y la inflación se aceleraba, a la par de una desaceleración económica, propia del modelo, y previa al impacto de la crisis mundial. La crisis del campo fue un reflejo de estos cortocircuitos en la economía y la pelea por las ganancias.

Este giro en el relato se profundizó con el anuncio de la sintonía fina tras el triunfo de Cristina en las elecciones del 2011. La novedosa idea del kirchnerismo fue entonces ajustar algunas variables, como subsidios, salarios y ganancias en “exceso”, como si todo fuera lo mismo. Este arsenal ideológico fue acompañado de otro: el ataque a las “corpos”, siendo en los hechos el principal blanco los sindicatos, a los que la misma Presidenta calificó de perjudicar a la sociedad, con conflictos y reclamos desmedidos.

Más que a un error de cálculo político por parte del Gobierno, la ruptura de la CGT y la CTA están vinculadas con esta política de disciplinamiento económico del sindicalismo, que sigue teniendo un peso determinante para el normal desarrollo del proceso de acumulación.

En efecto, durante la mayor parte del kirchnerismo las centrales obreras se subordinaron siempre a los designios del Gobierno y también del PJ. Aún con conflictos sindicales por reclamos reivindicativos impulsados por burócratas (petroleros, camioneros, aceiteros) e incluso de importantes luchas dirigidas por los sectores antiburocráticos y clasistas (alimentación, subte, colectiveros y ferroviarios), la CGT “unida” con todos adentro –gordos, independientes, moyanistas- y la vieja CTA de Yasky y Micheli sirvieron para garantizar una década de paz social.

No es de extrañar en este marco que el poder adquisitivo del salario siga aún por debajo del pico alcanzado en los 90´, que un 36% de los trabajadores esté contratado en forma ilegal (o “en negro”, según el eufemismo) y un tercio de la población sea pobre, si se toma en cuenta una canasta más realista que la del INDEC.

El problema para el Gobierno es que tras la recuperación económica y una “década milagrosa” con crecimiento del empleo, los gremios también recuperaron poder. Poder de movilización, de presión y de aspiraciones políticas, sobre la base de una mejora relativa en las condiciones de vida de los trabajadores.

Sin embargo, tanto una como otra central presentan fuertes límites a la hora de resolver las necesidades de la clase trabajadora. Ambas coinciden en que cada gremio dispute su convenio por separado. Esta perspectiva plantea serios límites a la hora de disputar el salario. Por otro lado, ambas coinciden en, no poner en discusión las condiciones de trabajo; no permitir democracia sindical (reconocimiento de las minorías en el sindicato); ni libertad sindical (libertad de afiliación); la legitimación en los hechos del trabajo en negro, contratado, fuera de convenio o tercerizado, inclusive con complicidad en el mismo.

La CGT oficialista se jugó por un participacionismo agiornado, consistente en una apertura al dialogo, a cambio de formar parte de las instancias de representación institucional, como los interlocutores validos del MO. Nada mas lejos de los planes del Gobierno, que es tener cortos a todos. La expectativa de estos sectores se vio defraudada rápidamente y ahora se muestran mas distanciados para presionar al Gobierno y por la reacción negativa que tuvo el magro actualización de Ganancias.

La CGT de Moyano, intentó moverse por izquierda (parcialmente) en términos sindicales y por derecha en términos políticos (con el PJ federal); lo que concluyó en un cuestionamiento imposible de formular, con una reivindicación salarial abstracta y un apoyo a Scioli y a De La Sota por elevación.

En las instancias donde Moyano impulsa reivindicaciones salariales, es importante participar, ya que en los hechos es un movimiento de fuerzas que enfrenta de algún modo los límites salariales del gobierno y de las empresas, más allá de las alianzas que haga Moyano. Son en el marco de un frente único obrero que pretende aumento salarial.

Las dos fracciones intentan realizar alianzas con sectores que se presentan como antagónicos, pero que tienen claro que los trabajadores son los que van a costear los costos de la desaceleración y las ganancias. Lo que no quita que en eventuales enfrentamientos sindicales tengamos que actuar con algún sector para unir fuerzas por reivindicaciones válidas.

Conclusión
La fractura de las centrales afecta directamente a la correlación de fuerzas de la clase obrera, disminuyendo su potencial de lucha, y su bolsillo en este momento de recorte salarial generalizado. Pero la sola proclama de la unidad no es suficiente. Los objetivos deben estar claros.

Así como el gobierno impone su pauta salarial, una central debe definir la suya sin dejar de lado las condiciones de trabajo y actuar en consecuencia, tomando todas las medidas de fuerza necesarias, incluyendo una herramienta tan poderosa como la huelga general.

En este sentido, es necesario incorporar a la discusión al 40% de trabajadores sin registrar y luchar por su correcto encuadramiento. De lo que se trata es de ir contra todas las formas de precarización laboral, como son la tercerización y el trabajo fuera de convenio, con la consigna de a igual trabajo igual salario. Esto no sólo repercute en los sueldos, también en la estabilidad laboral y la libertad de expresión como afiliación en los lugares de trabajo.

La falta de democracia sindical permite que estas formas de explotación se instalen con mayor facilidad. Por eso, las minorías dentro de los gremios deben tener reconocimiento, a diferencia de lo que sucede hoy en muchos sindicatos, en donde son perseguidas por las patronales, el Estado, y la propia burocracia sindical.

Simultáneamente, mientras peleamos por estas reivindicaciones inmediatas debemos presentar una alternativa política coherente con nuestros reclamos que sea visible para el conjunto de los trabajadores y demás sectores oprimidos de la sociedad, y represente sus intereses históricos: la emancipación de las clases explotadas.

Ganancias Las primeras negociaciones del año se vieron atravesadas por la discusión del Impuesto a las Ganancias. El Gobierno intentó calmar las aguas actualizando en un 20% el piso a partir del cual los trabajadores pagan Ganancias, pero como era de esperar el anuncio no conformó a nadie. Es que al no haber sido actualizado en el 2012 y con el avance de la inflación, cada vez más trabajadores se ven afectados por un tributo a la “riqueza” que en los sueldos más altos se come más de un aguinaldo. Ahora el piso del soltero fue llevado a $6.500, un sueldo neto que según los datos de ATE INDEC no alcanza la canasta familiar estimada en enero, de $7.000. La actualización está por debajo de la inflación prevista incluso, lo que va a provocar que luego de las paritarias los trabajadores que habían quedado exceptuados del régimen impositivo, vuelvan a pagar el Impuesto al Salario.

Acuerdo de Precios y Canasta El acuerdo para congelar los precios en los supermercados por dos meses, en los hechos, funciona como una señal para los empresarios de que el costo de la fuerza de trabajo se va a mantener sin cambios y por lo tanto los sindicatos no tendrán excusas para pedir grandes incrementos salariales. Sin embargo, esta política ya fue aplicada en años anteriores y no tuvo mayores resultados porque el problema de la inflación no se reduce a una “avivada” de los supermercados que remarcan precios (cosa que existe en parte), sino que es el mecanismo que adopta el “modelo” para mantener una desigual distribución del ingreso. En efecto, la inflación también la componen las tarifas, el transporte, los alquileres, y el mercado mundial, entre otros factores. Tanto el acuerdo de precios como los índices del INDEC son cosas de las que nadie puede dar fe. La discusión es con cuánto se vive. Para ATE INDEC, $7.000 es la canasta de una familia, casi 3 veces más que lo que marcan las cifras oficiales, cuando el ingreso promedio de los ocupados apenas alcanza los $3.707 mensuales.